La declaración de nulidad del RD-l 2/2016 (pago fraccionado mínimo por el resultado contable) abrió la vía a la posibilidad de que este destino lo compartiera el RD-l 3/2016 y que contenía, entre otras medidas, la limitación a la compensación de BINS y la reversión por quintas partes de los deterioros de cartera que fueron de deducibles antes de 2013.
 
El TC se pronunciará sobre la adecuación de estas medidas a la Constitución, pero siendo esto así, hay otra parte del RD-l 3/2016, cuya constitucionalidad no se cuestiona. Adicionalmente, la vía por la que se ha llegado a cuestionar la constitucionalidad del RD-l 3/2016 resulta muy peculiar, en la medida en la que lo que se ha impugnado es la orden que aprobaba el modelo 200 para el ejercicio 2016, y que contenía las casillas en las que las limitaciones comentadas anteriormente se aplicaban.
 
En este artículo que publicó ayer Legal Today, de nuestro compañero Pablo Robles, enumeramos las medidas cuestionadas de inconstitucionalidad y las que no y describimos esta forma tan sui generis de impugnación.

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