Como todos los años, y a la hora de hacer la declaración del IRPF, los contribuyentes que tengan inmuebles distintos de la vivienda habitual (como una segunda vivienda) tendrán que pagar impuestos por una renta ficticia que se les imputa por estos inmuebles tomando como base imponible el valor catastral de los mismos y aplicando sobre el mismo un tipo impositivo (1,1 o 2%) que depende de si el valor catastral ha sido revisado en los diez últimos ejercicios o no.
 
Esta imputación de rentas inmobiliarias que únicamente no se aplica sobre la vivienda habitual, los inmuebles arrendados y/o los afectos a una actividad económica, supone gravar la renta “potencial” a la cual sus propietarios renuncian por no alquilar dichos inmuebles. En realidad, es una medida puramente recaudatoria muy eficaz porque su aplicación es automática en la declaración de la renta, es muy fácil de controlar y, además, a partir del 2008 con motivo de la anterior crisis, no ha hecho sino aumentar de forma continuada hasta más que doblar la renta inmobiliaria imputada en el periodo comprendido desde 2008 al 2018.
 
La subida indiscriminada de los valores catastrales, que sirven de base imponible para calcular la imputación de renta, a la par que se redujo el plazo en que un nuevo valor catastral el tipo reducido del 1,1% a diez años (cuanto antes se aplicaba a todos los valores catastrales revisados con posterioridad a 1994) están detrás de esta subida continua que, además, supone un agravio comparativo con los territorios forales que no hacen tributar a sus ciudadanos por imputaciones de renta, esto es, por rentas inmobiliarias ficticias.
 
Todo esto nos lo cuenta en más detalle nuestro compañero David Álvarez en este artículo que publica Expansión.
 

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