En fechas recientes se ha redoblado la campaña ya existente contra la fiscalidad de Madrid en los medios de comunicación acusándola de forma infunda de dumping fiscal y de insolidaria por “robar” la recaudación de otras comunidades autónomas que denuncian que grandes patrimonios se han deslocalizado de sus regiones originarias a Madrid únicamente por motivos fiscales. A ello, y con motivo del traslado de residencia fiscal de un famoso “youtuber” a Andorra, este ataque se ha extendido a dicho país y, por extensión, a aquellas personas que, cumpliendo con la legalidad vigente, han optado de forma libre por trasladarse a otro país para escapar de la elevada fiscalidad de nuestro país.
 
Sin entrar a valorar si es ético que alguien se mude meramente por motivos fiscales, es incuestionable que, aparte de traslados falsos de domicilio que pueden y deben ser perseguidos por las Agencias Tributarias correspondientes, el efecto global recaudatorio que pueden causar no es significativo más que nada debido a su exiguo número. No obstante, se sigue insistiendo machaconamente (otra vez) en que deben “armonizarse” los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre el Patrimonio o, lo que es lo mismo, imponer a Madrid que los suba. Asimismo, se busca ampliar la lista de paraísos fiscales, con especial hincapié en Andorra, a fin de que otros no sigan el camino de nuestro más internacional “youtuber”.
 
El hecho principal es menos evidente, pero más lógico: Madrid y Andorra representan un ejemplo en el que pueden verse reflejados otros contribuyentes y eso hay que impedirlo.
 
Nos lo explica con más detalle nuestro compañero David Álvarez en este artículo que publica hoy Expansión.

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