El uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) se ha extendido a casi todos los ámbitos profesionales, incluido el jurídico. Hoy en día, estas tecnologías pueden resultar muy útiles para automatizar tareas, elaborar borradores de contratos, traducir documentos o resumir información compleja. Sin embargo, cuando se trata de obtener orientación legal, confiar en la IA puede ser una decisión arriesgada.

Como explica Luis Miguel Hernández, director del área procesal de Larrauri & Martí Abogados, la IA no sustituye el criterio jurídico humano. Entre los principales riesgos destacan:

Falsa apariencia de autoridad: la IA ofrece respuestas con gran seguridad, pero sin responsabilidad profesional ni garantía de exactitud.

Falta de contexto: el Derecho depende del territorio, la materia y los detalles de cada caso. Una respuesta genérica puede ser incorrecta o incluso contraria a la ley.

“Alucinaciones” de la IA: estas herramientas pueden inventar leyes, sentencias o interpretaciones que no existen, generando confusión y errores graves.

Consecuencias legales y económicas: un mal consejo jurídico puede derivar en sanciones, pérdidas económicas o responsabilidades penales.

Problemas de confidencialidad: introducir información sensible en una IA supone ceder datos que no siempre se gestionan de forma privada ni segura.

En definitiva, la IA puede ser una aliada en la eficiencia del trabajo jurídico, pero no debe sustituir el asesoramiento de un abogado. La interpretación del contexto, la aplicación correcta de la norma y la valoración de los riesgos siguen requiriendo experiencia, criterio y responsabilidad humana. Accede al artículo completo que publicamos en Expansión aquí.

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