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sep-2026
Málaga se ha convertido en sinónimo de startups, inversión extranjera y teletrabajo internacional. Este auge convive con una realidad que muchos malagueños conocen bien: acceder a una vivienda, en alquiler o en propiedad, resulta cada vez más complicado. En medio de este contexto aparece un incentivo fiscal que, pese a su impacto, sigue siendo poco conocido entre el público general: la llamada “Ley Beckham."
Este régimen especial para trabajadores desplazados a España existe desde 2005 y debe su nombre popular a su beneficiario más célebre, David Beckham. Quien se acoge a él tributa como si no residiera en España, aunque viva aquí: tributa, con carácter general, al 24 % por sus rendimientos del trabajo hasta el límite establecido legalmente, en lugar de hacerlo por la escala progresiva ordinaria del IRPF que puede superar el 45%, y no tributa en España por las rentas que obtiene en el extranjero, durante un máximo de seis años.
La Ley de Startups, en vigor desde 2023, extendió este régimen a los teletrabajadores internacionales, un perfil profesional que ha encontrado en Málaga uno de sus destinos preferidos. Conviene aclarar que el visado de nómada digital y el régimen fiscal Beckham son trámites distintos: el segundo requiere una solicitud propia ante Hacienda y, con carácter general, no resulta aplicable de forma general a cualquier autónomo, aunque la normativa contempla determinados supuestos de actividad profesional o emprendedora.
La Ley Beckham es un incentivo legal, aprobado por el legislador para atraer talento y capital a España. Lo interesante del debate no está en su legalidad, sino en sus efectos prácticos: ¿qué ocurre cuando dos personas con ingresos similares, vecinas del mismo edificio, tributan de forma muy distinta según cuándo llegaron a España? Pensemos en un ejemplo simplemente ilustrativo: dos profesionales del sector tecnológico, con salarios parecidos, uno de ellos tributando por la escala general del IRPF y el otro acogido al régimen Beckham. La diferencia en la cuota, sostenida durante varios años, puede ser notable. Es una pregunta que conviene plantear con calma: ¿hasta qué punto estos incentivos deben tener en cuenta su impacto sobre quienes ya residen en el territorio?
Existe además un efecto colateral que suele pasar desapercibido: quien dispone de una renta neta mayor cuenta también con más margen para competir por una misma vivienda. En un mercado con oferta limitada como el malagueño, esa diferencia puede notarse en los precios.
Los datos actuales sitúan a Málaga como la provincia más cara de Andalucía para comprar vivienda, con un alquiler medio en torno a los 16 euros por metro cuadrado en la capital. Cabe preguntarse qué parte de esta subida responde a la fiscalidad y cuál a otros factores. La escasez de vivienda nueva y el peso del alquiler turístico parecen tener, cuando menos, tanta influencia como cualquier incentivo fiscal concreto. Aun así, es razonable preguntarse cómo interactúan estos distintos factores entre sí.
Quienes defienden el régimen destacan que atrae talento, inversión y contribuyentes que, de otro modo, no tributarían en España. Otras voces plantean que el incentivo no distingue entre perfiles con distinto grado de vinculación con la economía local. Portugal, por ejemplo, decidió cerrar para nuevos beneficiarios su anterior régimen de residentes no habituales en 2023, entre otros motivos, por su posible relación con la evolución de los precios de la vivienda en Lisboa y Oporto.
El debate no debería limitarse a elegir entre atraer talento o proteger el acceso a la vivienda. El verdadero reto consiste en diseñar incentivos capaces de generar actividad económica y, al mismo tiempo, evitar que los costes del crecimiento recaigan principalmente sobre quienes ya viven y trabajan en Málaga.
Teresa Espinosa. Abogada
Larrauri & Martí Abogados
