Ahora que nos acercamos al final del ejercicio y, cuando están negociándose los Presupuestos Generales del Estado para el 2022, vemos que, una nueva vez, no se esté teniendo en cuenta el efecto de la inflación en los principales Impuestos Directos que afectan a las personas físicas (IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio), siendo este efecto particularmente significativo en este ejercicio en el que, por primera vez en muchos años, la inflación va a ser elevada.
 
Desde el año 2008, en Territorio común no se han deflactado las tarifas del IRPF para adecuar los tramos de renta al efecto inflacionario que provoca que tributemos una parte de nuestra renta en un tramo más elevado del IRPF cada año aunque nuestra renta real no haya variado, esto es que la misma solo aumente en el mismo importe que la inflación, lo que implica que, simplemente, mantenemos el mismo poder adquisitivo pero nuestra capacidad económica no ha variado en absoluto. Igualmente, en el Impuesto sobre el Patrimonio, y desde el 2011 que se reactivó, no se han actualizado nunca los tramos ni el mínimo exento estatal de 700.000 €.
 
Esta situación difiere con la del País Vasco donde las Diputaciones Forales, pensando en no gravar incrementos nominales de renta a un tipo superior a sus ciudadanos, deflactan anualmente sus tarifas de IRPF para corregir esta distorsión.
 
De todo ello nos habla más en detalle nuestro compañero David Álvarez en este artículo que publica Expansión.

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