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oct-2026

La nueva normativa de vivienda limita las compras por debajo del valor de mercado: Alcance y consecuencias

El Real Decreto-ley 29/2026 introduce restricciones a determinadas adquisiciones inmobiliarias realizadas por menos del 70 % de su valor de mercado. La medida, dirigida especialmente a determinadas entidades y grandes tenedores, incorpora excepciones y nuevas garantías de protección para las personas vulnerables.

El mercado inmobiliario español afronta nuevos cambios normativos con la entrada en vigor, el pasado 8 de octubre, del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, que establece una serie de medidas destinadas a proteger la función social de la vivienda y limitar determinadas operaciones de carácter especulativo.

La norma recupera, en lo sustancial, el contenido del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, derogado por el Congreso el 2 de octubre, e introduce modificaciones en aspectos como los sujetos afectados, la duración de las restricciones y el Código de Buenas Prácticas previsto para determinadas operaciones.

Entre sus principales novedades destaca la limitación de ciertas adquisiciones de viviendas por un precio inferior al 70 % de su valor de mercado. Sin embargo, su aplicación no es generalizada, sino que afecta a determinados compradores y contempla excepciones vinculadas, principalmente, a finalidades sociales.

Restricciones a las adquisiciones por debajo del 70 % del valor de mercado

El artículo 1 del Real Decreto-ley 29/2026 establece limitaciones a la adquisición de viviendas, tanto a título gratuito como oneroso, cuando la contraprestación sea inferior al 70 % de su valor de mercado.

La medida comprende tanto viviendas existentes como viviendas situadas en edificios de nueva construcción sobre suelo residencial, siempre que cumplan los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad desde que se disponga del certificado de fin de obra.

Estas restricciones estarán vigentes, según lo previsto en la norma, hasta el 31 de diciembre de 2030.

Ahora bien, uno de los aspectos esenciales de esta regulación es que no prohíbe con carácter general la compraventa de viviendas por debajo de ese porcentaje, sino que delimita su aplicación a determinadas entidades.

En concreto, afecta a aquellas que, con o sin personalidad jurídica, se dedican a adquirir inmuebles o carteras de préstamos hipotecarios impagados por precios claramente inferiores a su valor de tasación. También se aplica a las personas jurídicas consideradas grandes tenedores, a las entidades de su grupo y a aquellas que actúen por su cuenta.
Esta última precisión resulta especialmente relevante: aunque la legislación de vivienda reconoce que tanto las personas físicas como las jurídicas pueden tener la condición de grandes tenedores, la restricción prevista en el artículo 1 se refiere, en este supuesto, específicamente a las personas jurídicas.

El concepto de gran tenedor y el cómputo de viviendas

La delimitación de quién tiene la consideración de gran tenedor adquiere especial importancia a efectos de esta nueva regulación.

El artículo 3.k) de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, modificado por el artículo 4 del Real Decreto-ley 29/2026, establece que tienen esta condición las personas físicas o jurídicas titulares de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o de una superficie construida superior a 1.500 metros cuadrados destinada a ese uso. Los garajes y trasteros quedan excluidos del cómputo.

La norma introduce, además, una precisión significativa en relación con los edificios que no se encuentran divididos horizontalmente. En estos casos, cada vivienda o unidad residencial debe contabilizarse como un inmueble independiente, aunque el edificio figure en el Registro de la Propiedad como una única finca.

De esta manera, el hecho de que un inmueble no cuente con división horizontal no impide que sus distintas unidades residenciales sean consideradas individualmente a efectos de determinar la condición de gran tenedor.

Por otra parte, en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado, este umbral puede reducirse a cinco o más inmuebles de uso residencial situados dentro del ámbito correspondiente, siempre que la comunidad autónoma lo justifique motivadamente.

La acreditación de la titularidad debe realizarse mediante una certificación del Registro de la Propiedad en la que conste expresamente la relación de todos los inmuebles pertenecientes al titular.

Las excepciones previstas por la nueva regulación

Pese a las restricciones establecidas, el Real Decreto-ley contempla una serie de excepciones atendiendo a la finalidad de la adquisición.

Así, la limitación no resulta aplicable cuando las viviendas se destinen a residencia habitual a precio asequible o social, al menos hasta el 31 de diciembre de 2030, ni cuando tengan como finalidad atender necesidades residenciales de personas que precisen atención sociosanitaria.

También se exceptúan las operaciones destinadas a proporcionar alojamiento a colectivos vulnerables a través de entidades del tercer sector y aquellas dirigidas a la protección de víctimas de violencia de género.

Junto a estos supuestos, se contemplan las adquisiciones realizadas por compradores adheridos al Código de Buenas Prácticas que debe aprobar el Consejo de Ministros. En el caso de los entes públicos y del sector público de vivienda social y asequible, la norma considera cumplido este requisito.

No obstante, esta última excepción presenta una particularidad importante: su aplicación queda condicionada a la aprobación y entrada en vigor del mencionado Código de Buenas Prácticas, que todavía no se había producido en la fecha de elaboración del presente análisis.

El tratamiento de las operaciones anteriores a la entrada en vigor

La norma también establece previsiones específicas para las transmisiones inmobiliarias anteriores al 8 de octubre de 2026.

Las nuevas limitaciones no afectan a las operaciones que ya hubieran sido elevadas a escritura pública antes de esa fecha, aunque estuvieran pendientes de inscripción en el Registro de la Propiedad.

En estos supuestos, la inscripción deberá realizarse conforme al contenido de la escritura otorgada ante notario, sin que pueda modificarse o ampliarse mediante una adenda.

Asimismo, quedan contempladas determinadas adquisiciones derivadas de procedimientos de ejecución judicial o hipotecaria, siempre que la entidad ejecutante acredite su adhesión y cumplimiento del Código de Buenas Prácticas, cuya aprobación continúa pendiente.

Estas previsiones resultan especialmente relevantes para determinar el régimen aplicable a operaciones inmobiliarias iniciadas o formalizadas con anterioridad a la nueva regulación.

Protección de las personas vulnerables y suspensión de lanzamientos

Otro de los aspectos destacados del Real Decreto-ley es el refuerzo de la protección de las personas en situación de vulnerabilidad que carezcan de una alternativa habitacional.

En los supuestos previstos por la norma, cuando determinadas entidades adquieran o se adjudiquen por menos del 70 % de su valor de mercado una vivienda que constituya la residencia habitual de una persona vulnerable sin alternativa habitacional, se establece la suspensión de los lanzamientos hasta el 31 de diciembre de 2030.

Esta medida se encuentra vinculada a las condiciones y excepciones contempladas en la regulación, particularmente a las relacionadas con el Código de Buenas Prácticas.

Precisamente, dicho Código constituye uno de los elementos todavía pendientes de desarrollo. Su contenido deberá concretar las obligaciones exigibles a las entidades adheridas para proporcionar alternativas habitacionales a las personas vulnerables afectadas, así como las condiciones y garantías necesarias para asegurar su cumplimiento.

Hasta su aprobación y entrada en vigor, las excepciones que dependen de dicho instrumento no podrán aplicarse. Posteriormente, solo podrán acogerse a ellas las entidades que acrediten su adhesión y cumplimiento efectivo.

Las consecuencias jurídicas de incumplir la limitación

Una cuestión especialmente relevante es la relativa a los efectos jurídicos de las adquisiciones realizadas en contra de las restricciones establecidas.

El artículo 1 del Real Decreto-ley no contempla expresamente un régimen sancionador, una cláusula específica de nulidad ni una previsión registral para los supuestos de incumplimiento.
Sin embargo, desde una interpretación jurídica basada en el artículo 6.3 del Código Civil, la realización de un acto contrario a una norma de carácter prohibitivo determinaría su nulidad de pleno derecho. También podría resultar aplicable la doctrina del fraude de ley.

En este sentido, la intervención de notarios y registradores adquiere especial relevancia.

Conforme al análisis jurídico de la norma, no procedería autorizar ni inscribir operaciones de adquisición sujetas a la limitación cuando la contraprestación fuera inferior al 70 % del valor de mercado reflejado en la tasación. Del mismo modo, la falta de aportación del correspondiente informe de tasación constituiría un impedimento para su formalización e inscripción.
Se trata, por tanto, de una cuestión que exige especial atención antes de formalizar una operación, tanto en lo relativo a la condición del adquirente como a la valoración del inmueble y a la documentación necesaria.

Una regulación con importantes implicaciones para el sector inmobiliario

El Real Decreto-ley 29/2026 introduce restricciones que pueden tener una incidencia significativa en determinadas operaciones de adquisición de viviendas, especialmente en aquellas realizadas por entidades especializadas en la compra de activos inmobiliarios y por personas jurídicas que tengan la condición de grandes tenedores.

Su aplicación obliga a prestar atención a cuestiones como el número de inmuebles de los que es titular el comprador, la existencia de unidades residenciales no divididas horizontalmente, la ubicación de las viviendas en zonas tensionadas o la finalidad a la que se destinarán tras su adquisición.

A ello se suman las consecuencias que podrían derivarse del incumplimiento de la norma y la necesidad de conocer las excepciones legalmente previstas.

En cualquier caso, debe tenerse presente que, en la fecha de elaboración de este análisis, el Real Decreto-ley se encontraba pendiente de convalidación o derogación por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, conforme a lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución Española.

La evolución de esta normativa y la futura aprobación del Código de Buenas Prácticas serán, por tanto, aspectos relevantes para determinar el alcance definitivo de algunas de las medidas introducidas.

 

Carlos Bustillo. Socio Director de Real Estate / Público
Larrauri & Martí Abogados


 

Real Estate

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