El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia clave para el mercado del alquiler en España.

A partir de ahora, el impago del IBI y de la tasa de basuras puede justificar el desahucio del inquilino. Eso sí, siempre que exista un pacto expreso en el contrato de arrendamiento.

La resolución pone fin a años de interpretaciones contradictorias entre Audiencias Provinciales. El alto tribunal aclara que estos tributos son gastos perfectamente individualizados. Por tanto, no es obligatorio que el contrato indique su importe concreto. Basta con que se establezca por escrito que son a cargo del arrendatario.

La sentencia refuerza la seguridad jurídica de propietarios e inversores. Y adquiere especial relevancia con la nueva tasa de basuras obligatoria desde 2025.

Rodrigo Lumbreras, analiza su impacto y alcance en este artículo completo que publicamos para Expansión.