06

oct-2026

Cuando la justicia no ampara al menor

¿Qué ocurre cuando la Justicia llega demasiado tarde para proteger a un menor?

 

Es recurrente que algunas agencias de calificación sitúen a España como uno de los países en que mejor se vive. Sin duda, como integrantes de la vieja Europa formamos parte de ese conjunto de Estados que representa un 15% de la población mundial, pero que disfruta, inequitativamente, de la mayor parte de la riqueza. Desde nuestra posición privilegiada no estamos, exentos de precariedad máxime en aquellos momentos en que la necesidad más nos apremia.

Dentro de dicha precariedad, importamos todos, pero importan más los de mayor vulnerabilidad, especialmente aquellos que sin ser parte de una disputa soportan sus consecuencias. Viene ello a colación de la adopción de medidas paternofiliales en procesos de divorcio o ruptura con hijos de menor edad.

En la práctica forense las personas que ejercemos la profesión de la abogacía estamos acostumbrados a soportar el colapso generalizado de nuestros Tribunales de instancia, de modo que en casos como los que nos concierne siempre apelamos, constante el procedimiento, a la razonabilidad de los progenitores para que, hasta la adopción de las medidas, los menores no pierdan el contacto con ninguno de sus padres ni se les generen conflictos de lealtad. Ni las partes tienen siempre la capacidad de hacerlo, ni los abogados estamos muchas veces a la altura de propiciar ese mínimo entendimiento.

Cuando existe una relación enconada, cuando ha de intervenir el equipo psicosocial, cuando se incoa un procedimiento de violencia de género o, simplemente, cuando los escasos recursos familiares impiden la adopción de medidas equilibradas, solo una pronta intervención de la Justicia puede impedir que el deterioro de las relaciones entre las partes y el sufrimiento de los menores se perpetúe. En ocasiones, la mera atribución de la vivienda cuando no hay recursos alternativos, provoca una inequidad insalvable pero justificada por la necesaria protección del menor. Sin embargo, este tipo de situaciones también propicia la guerra intestina, el ardid procesal y la utilización -consciente o inconsciente- de los menores al hacerles partícipes del conflicto. 

Por centrarnos en Madrid, en no pocas ocasiones las medidas provisionales que solicitamos en las demandas y que buscan obtener un pronunciamiento cautelar que fije un régimen provisional, se frustran por la solicitud de Justicia Gratuita; en ocasiones los Juzgados de la sección de Familia pierden la competencia por la incoación de causas penales de violencia de género, en ocasiones es necesaria la intervención de los equipos psicosociales, quienes están colapsados y cuentan con escasísimos medios y una demora inasumible en términos de mínima razonabilidad, por lo que no es raro que, en estos casos, la duración media de un procedimiento pueda alargarse, hasta obtener una resolución en la primera instancia, hasta dieciocho meses o más.

No es admisible. La Justicia tardía no es Justicia. Aunque lo deseable es que las comunidades autónomas y el Estado allá donde tenga las competencias, doten a la Justicia de mayores recursos, al menos sería exigible balancear los ya existentes para que las secciones de familia cuenten con una mayor velocidad de respuesta. Resulta absolutamente insoportable el daño que se puede hacer a un menor por una reacción lenta de la Justicia en un entorno de conflicto entre sus progenitores. Si no estamos dispuestos a hacerlo, quizás es mejor fijar por Ley medidas salomónicas hasta que un Juez se pronuncie. 

No es lo deseable, pero es mejor que mantener a las partes en un conflicto irresoluto que se hace eterno y que daña especialmente a quienes menos culpa tienen cuando se ven impedidos por uno de sus progenitores de mantener su relación con su otro progenitor.  A fin de cuentas, las relaciones paternofiliales forman parte de un Derecho natural indiscutible, incuestionable.
 

Victor Gil Moraleda. Departamento Penal

Larrauri & Martí Abogados

Penal, Civil

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