En los últimos años, los ciudadanos han visto cómo sus obligaciones fiscales aumentan progresivamente, mientras los servicios públicos no mejoran en la misma medida. Esta creciente presión tributaria, lejos de ser neutral, parece responder a una lógica recaudatoria imparable.

Uno de los ejemplos más evidentes de esta situación es la no actualización del IRPF según el IPC. Este hecho provoca que, aunque los ingresos reales no crezcan, muchos contribuyentes acaben tributando más al cambiar de tramo impositivo. Es lo que se denomina “progresividad en frío”. Esta medida afecta especialmente a las rentas más bajas, que se ven obligadas a presentar la declaración del IRPF si quieren beneficiarse de determinadas deducciones. Y aun así, excluye a parados y pensionistas, que tributan aunque sus ingresos no superen el salario mínimo.

Otro caso polémico es la creación del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, que ha sido validado por el Tribunal Constitucional, permitiendo que, en ciertos casos, se llegue a gravar a los contribuyentes por encima del 100% de su renta. Esta figura ha sido interpretada como una herramienta de carácter ideológico más que técnica.

La posible “armonización” del Impuesto de Sucesiones y Donaciones también está en el horizonte. Aunque actualmente algunas comunidades mantienen una fiscalidad más baja, se intuye que el objetivo es igualar por arriba en cuanto exista una oportunidad política para ello.

Todo este contexto ha llevado a muchos ciudadanos, especialmente los de mayor poder adquisitivo, a trasladar su residencia fiscal a otros países con sistemas menos exigentes. A pesar de actuar dentro de la legalidad, son a menudo objeto de críticas y ataques por parte de quienes consideran que su deber es contribuir eternamente al sistema del país donde nacieron.

En esta línea, países como Francia estudian la posibilidad de implantar un sistema de tributación por nacionalidad, como el que ya existe en EE. UU. Bajo ese modelo, los ciudadanos estarían obligados a tributar en su país de origen aunque residan y paguen impuestos en el extranjero. Esto supondría una limitación clara a la libertad de movimiento y consolidaría la figura del “contribuyente cautivo”.

En definitiva, se vislumbra una deriva hacia una forma de “servidumbre fiscal”, en la que los ciudadanos no podrían eludir su carga impositiva ni siquiera cambiando de país, a menos que renuncien a su nacionalidad. Un debate que, tarde o temprano, también llegará a España. Nos lo cuenta con detalle David Álvarez en este interesantísimo artículo que hoy publica para Expansión.

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