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jul-2020
Artículo de opinión de CARLOS ABREU AMORIM
Publicado por Jornai el 13/05/2020 09:33
Es posible mejorar la ley actual de una manera sensata y reflexiva. La iniciativa de algunos miembros del PS va en contra de las nobles intenciones de Maria de Belém, Ribeiro e Castro o Paula Teixeira da Cruz.
El Parlamento, en 2013, mediante la Ley orgánica Nº 1/2013, de 29 de julio, y el Gobierno, en 2015, mediante el Decreto-ley Nº 30-A/2015, de 27 de febrero, aprobaron la devolución del derecho a la nacionalidad portuguesa a los descendientes de judíos sefardíes, que fueron expulsados por primera vez de Portugal a finales del siglo XV y que, sucesiva y sistemáticamente, fueron expulsados de su patria por las persecuciones de la Inquisición durante casi 300 años. El restablecimiento del derecho a ser portugués resulta de la intención confesada de reparación de una injusticia histórica y se realiza con criterios específicos, adaptados a las circunstancias concretas de los solicitantes. Naturalmente, estos requisitos no pueden compararse con ninguna otra situación de todos los demás que desean la nacionalidad portuguesa.
Lamentablemente, no parece ser éste el entendimiento actual de algunos miembros del PS que, a finales de abril, propusieron una enmienda a la legislación vigente que arruina los avances legislativos logrados en 2013/2015. Tras un texto de justificación algo confuso e incompleto, con acusaciones infundadas de que la ley actual se ha convertido en un "negocio" -sin especificar nunca quiénes serán los agentes o beneficiarios, si se trata de operaciones legales o fuera de la ley, si esta supuesta actividad empresarial tiene lugar en Portugal o en otros países- la enmienda se reduce al artículo 6 de la Constitución portuguesa. Añade un nuevo requisito para quienes deseen ser ciudadanos del país del que sus antepasados fueron perseguidos y expulsados: "... que hayan residido legalmente en Portugal durante un período de 2 años".
Los que pueden juzgar este cambio como un requisito sin sentido son engañados. Esta nueva exigencia destruye materialmente el sentido de la compensación de una vieja injusticia que es el apego de la ley vigente, haciendo ineficaz la posibilidad de que los descendientes de judíos sefardíes disfruten de la nacionalidad portuguesa.
No es casualidad que la ley actual no incluya la obligación de residir en Portugal. Nunca se pretendió que los descendientes de los judíos sefardíes fueran forzados a vivir en Portugal para que se les devolviera el derecho que se había reducido a sus antepasados. Como ya se ha señalado, lo que está en juego es una reparación histórica y moral a esa parte de ser Portugal, tan alejada de nosotros y que en lugares lejanos, siglos tras siglos, ha sabido mantener una lengua propia, una forma distinta de realizar los ritos religiosos y de conservar los apellidos, la memoria y el orgullo de la patria que siempre han tenido como propios, así como, en tantos casos, las llaves de las casas de las que la intolerancia e incomprensión de aquellos tiempos les obligó a huir.
Obligar a los descendientes de judíos sefardíes a residir en Portugal, no sólo dos sino al menos el doble de años (la regularización de la situación de residencia está tardando unos dos años en ser despachada), es eliminar toda consistencia aplicable a la ley. Es para amputarlo de su significado histórico. Es inmolarla, sin razón o motivos plausibles, en un auto de fe contemporáneo.
Y la ley, que algunos ahora quieren vaciar, es un éxito innegable. En pocos años, gracias a sus efectos, ha rejuvenecido las comunidades judías portuguesas, ha abierto museos, ha hecho películas, ha creado restaurantes y supermercados kosher, ha realizado inversiones considerables en la economía nacional, especialmente en el norte del país, ha impulsado el turismo, ha hecho donaciones a la Torre do Tombo, una familia sefardí ha donado 50 millones de euros a la Fundación Gulbenkian, entre otros muchos ejemplos dignos de mención. Los descendientes de los judíos sefardíes quieren la nacionalidad portuguesa porque se ven a sí mismos de nuevo en sus orígenes, porque están orgullosos de tener la nacionalidad de un país moderno y democrático que ha escapado con gracia del resurgimiento del antisemitismo que asola a tantos otros países dentro y fuera de Europa.
El estado democrático portugués siempre ha mostrado una extraña ambivalencia en su relación con los judíos. Por un lado, tuvimos la persistente negativa de los poderes públicos a reconocer el sacrificio heroico de Arístides Sousa Mendes hasta que, finalmente, en 1988, un grupo de diputados encabezados por Jaime Gama logró su rehabilitación en la Asamblea de la República. Una resistencia similar a la asunción de los errores del pasado ocurrió con Artur Barros Basto, expulsado del ejército en 1937 por ser judío y no querer ocultarlo, a quien se le negó consecutivamente la rehabilitación póstuma hasta 2012, cuando se aprobó por unanimidad un informe a tal efecto en la 1ª Comisión Parlamentaria, por quien escribió estas líneas, y la Resolución 119/2012 (lamentablemente, aún no cumplida).
Esto era también lo que se esperaba - una corrección histórica de los errores del pasado - cuando Maria de Belém, Ribeiro e Castro, entre otros, pronto acompañada por la entonces Ministra de Justicia, Paula Teixeira da Cruz, tomó la iniciativa de devolver el derecho de la nacionalidad portuguesa a los descendientes de judíos expulsados de Portugal durante siglos. Recibir de nuevo a los descendientes de los que una vez fueron perseguidos y expulsados es una prueba de madurez y tolerancia, un ajuste de cuentas con una historia que ahora parecía terminar bien.
Desafortunadamente, esta intención de cambiar la ley parece ir en la dirección opuesta a esas nobles intenciones. Y cualesquiera que sean los motivos, más o menos ilusorios, de los proponentes, no sería una tarea imposible mejorar la ley actual sin distorsionar tan completamente sus intenciones históricas y su sentido útil.
Por ejemplo, parece triste e irónico que los autores de la pretendida aniquilación material de la ley reivindiquen el ejemplo de España, que el pasado mes de octubre puso fin a la adquisición específica de la nacionalidad para los descendientes de los judíos españoles -pues la historia nos enseña, a quienes no se niegan a aprender las lecciones de ella, que fue precisamente el modelo español el que se invocó siempre para acabar con la tradicional tolerancia de la corona portuguesa que condujo a la expulsión de los judíos en 1496, así como para establecer el Tribunal del Santo Oficio en 1536. Tampoco deseo cometer la posible injusticia de incluir a algunos de los proponentes en la actual moda del antisemitismo que, tras la situación israelo-palestina, parece plagar a algunos partidos de la izquierda europea, incluso a la tradicionalmente moderada - como lamentablemente ocurrió con el liderazgo de los laboristas ingleses por Jeremy Corbyn. Conozco a varios de los firmantes y sé que eso sería imposible. La democracia portuguesa siempre ha sido reacia a estas pulsaciones horribles y debe seguir siéndolo.
Si el poder legislativo considera que es necesario mejorar la ley, en particular en lo que se refiere a la "conexión efectiva" con Portugal, tal propósito sólo puede considerarse justo y oportuno - pero no es el caso de la enmienda que ahora se pretende, que se limita a añadir un requisito poco práctico a la ley y a extinguirla materialmente. Es posible mejorar la ley actual de manera sensata y considerada y la Comunidad Israelí de Oporto, por ejemplo, ya ha redactado propuestas a tal efecto. Analizarlos adecuadamente y actuar razonablemente es lo que se espera de la Asamblea de la República, en lugar de precipitarse en una enmienda que es fundamental para el derecho y que perjudica los intereses y la afirmación de Portugal como país que ha sabido aprovechar bien el reconocimiento de sus errores.
