El debate sobre la proporcionalidad de las sanciones económicas no es nuevo. De hecho, ya en el Derecho Romano encontramos ejemplos que invitan a reflexionar sobre una cuestión plenamente vigente: cuando una multa tiene una cuantía fija, ¿realmente cumple su función sancionadora para todos por igual?

En este artículo publicado en Confilegal, Víctor Gil, abogado senior del departamento de Litigación de Larrauri & Martí Abogados, analiza la progresividad en el derecho sancionador a partir de una sugerente anécdota de la antigua Roma. El caso sirve como punto de partida para plantear un problema muy actual: una misma sanción económica puede resultar gravosa para una persona con recursos limitados y, al mismo tiempo, prácticamente irrelevante para quien dispone de una elevada capacidad económica.

La reflexión conecta esa idea con el sistema penal de días-multa, que permite modular la cuantía atendiendo a la situación económica del infractor, y la compara con el funcionamiento de muchas sanciones administrativas, en las que siguen aplicándose importes iguales para todos los ciudadanos con independencia de su patrimonio o nivel de ingresos.

Esta diferencia abre una cuestión de fondo: si el objetivo de una sanción es disuadir, corregir y garantizar el respeto a la norma, quizá no basta con fijar una cantidad idéntica para todos. En determinados casos, una multa fija puede perder eficacia frente a quienes pueden asumirla sin dificultad, convirtiéndose más en un coste asumible que en una verdadera consecuencia jurídica.

El artículo invita así a repensar la relación entre sanción, capacidad económica y justicia material. Una mirada histórica y jurídica que conecta el Derecho Romano con algunos de los debates más actuales sobre equidad, proporcionalidad y eficacia del sistema sancionador.

Puedes leer el artículo completo publicado en Confilegal aquí.
 

Administrativo, Civil, Penal